Sentencia 03070-2013 contraviene precedente vinculante STC 0206-2005-PA/TC (caso Baylón Flores)

En la STC 3070-2013-PA/TC el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda por no revestir carácter de tutela urgentísima y señala que debe resolverse en proceso abreviado laboral con la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lo cual contraviene lo dispuesto en el precedente vinculante contenido en la STC 0206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, el cual expresamente señala que en caso de reposición por despido incausado la vía procedimental es la del amparo. Sin embargo, debe tenerse presente que sólo un precedente puede revocar otro y que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional no es un precedente vinculante. EXP. N.° 3070-2013-PA/TC AREQUIPA EDDY ALFREDO BERNAL AGUEDO SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Arequipa, a los 18 días del mes de julio de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada, Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eddy Alfredo Bernal Aguedo contra la sentencia de fojas 360, su fecha 23 de abril de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 18 de marzo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra Corporación Lindley S.A., solicitando que se declare nulo el despido incausado del que fue objeto; y que, en consecuencia, sea repuesto en el cargo de operario de producción que venía desempeñando. Sostiene que laboró desde el 7 de agosto de 2008 hasta el 31 de octubre de 2010 bajo el régimen de contratos de trabajo por inicio o incremento de actividad contemplados en el artículo 57º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, los mismos que se desnaturalizaron por no cumplir con los requisitos previstos en la ley, tales como: señalar la causa objetiva determinante de la contratación; advirtiéndose, en consecuencia, la existencia de simulación o fraude de las normas laborales. Afirma que fue despedido sin expresión de una causa justa con el pretexto de la extinción del vínculo laboral por vencimiento del contrato de trabajo, por lo que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. El apoderado de la sociedad demandada propone excepción de incompetencia en razón de la materia y contesta la demanda argumentando que la presente controversia debe ser dilucidada en la vía ordinaria laboral dado que cuenta con una etapa probatoria y en la cual también procede la reposición de un extrabajador. Refiere que se cumplió con todos los requisitos formales que exige el artículo 72º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR para la celebración de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, habiéndose detallado en los respectivos contratos la causa objetiva determinante de la contratación en relación con las exigencias del mercado y con las líneas de producción adoptadas; por lo que la conclusión del vínculo contractual del demandante es válida por haberse producido el vencimiento del plazo establecido en su último contrato de trabajo por incremento de actividad. Señala que la autoridad de trabajo a través de una inspección realizada a las instalaciones de la planta de la sociedad demandada reconoció la validez de los contratos de trabajo a plazo fijo, tanto es así que emitió un informe favorable a los intereses de Corporación Lindley S.A. El Juzgado Especializado en lo Civil de Hunter, con fecha 27 de abril de 2012, declaró improcedente la excepción interpuesta y con fecha 23 de agosto de 2012, declara infundada la demanda por considerar que los contratos de trabajo por incremento de actividad no se desnaturalizaron, toda vez que la sociedad emplazada cumplió con satisfacer todos los requisitos y formalidades que la ley exige para la suscripción de los mismos y, además, se cumplió con especificar la causa objetiva determinante de la contratación del actor, consistente en el incremento de las ventas y de la producción. La Sala revisora confirmando la apelada declara infundada la demanda por similares fundamentos, precisando que el demandante laboró en el área de Producción atendiendo a la naturaleza de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, haciéndose hincapié en que en el presente caso está acreditado que en los contratos de trabajo por inicio o incremento de actividad se especificó la causa objetiva determinante de la contratación a plazo fijo del demandante. El demandante interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista señalando que en los contratos de trabajo que suscribió no se precisó la causa objetiva ni a cuál de las cuatro modalidades que prevé el artículo 57º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR se circunscribía. FUNDAMENTOS 1. Delimitación del petitorio El demandante solicita su reposición en el cargo de operador de producción, sosteniendo que ha sido despedido incausadamente debido a que su vínculo laboral a plazo fijo se desnaturalizó en virtud de lo dispuesto en el artículo 77° del Decreto Supremo 003-97-TR; por lo que, solicita que a través del presente proceso se ordene su reincorporación a la sociedad demandada como trabajador a plazo indeterminado. Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. 2. Cuestiones procesales 2.1 En el presente caso, de los autos se aprecia que lo pretendido en la demanda en realidad debe ser dilucidado en una vía diferente a la constitucional. Al respecto, el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional exige examinar sí, pese a que una demanda alude al contenido protegido de un derecho constitucional, el proceso de amparo constituye la vía adecuada para resolver el caso. En otras palabras, esta causal de improcedencia exige a los jueces constitucionales realizar un análisis sobre la pertinencia de la vía constitucional. 2.2 Como señala la mencionada disposición del Código Procesal Constitucional, únicamente procede acudir a la vía especial y urgente del amparo para solicitar la protección de derechos fundamentales si no existe una vía ordinaria (específica) que sirva de igual o mejor modo para la tutela de los mismos derechos (es decir, si no existe una “vía igualmente satisfactoria”). Considerado debidamente, el examen de esta causal de improcedencia no propone verificar simplemente si existen “otras vías judiciales” en las que también se tutelen derechos constitucionales (de hecho, en la mayoría de vías ordinarias se protege, de manera más o menos directa, ámbitos garantizados por derechos constitucionales), sino que debe analizarse si tales vías ordinarias serían igual o más efectivas, idóneas o útiles que el proceso de amparo para lograr la protección requerida. 2.3 En este contexto, a partir del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tenemos que existen dos perspectivas para entender cuándo una vía puede ser considerada “igualmente satisfactoria”: una objetiva, vinculada al análisis de la vía propiamente dicha (vía idónea), y otra subjetiva, relacionada con el examen de la afectación iusfundamental (urgencia iusfundamental). 2.4 Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía idónea puede aludir tanto: (1) a la estructura del proceso, atendiendo a si la regulación objetiva del procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y eficaz (estructura idónea)[1], o (2) a la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria, debiendo analizarse si la vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso iusfundamental que se ponga a su consideración (tutela idónea)[2]. Este análisis objetivo, claro está, es independiente a si estamos ante un asunto que merece tutela urgente. 2.5 De otra parte, desde una perspectiva subjetiva, una vía ordinaria puede ser considerada idónea: (1) si transitarla no pone en grave riesgo al derecho afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordinaria puede tornar irreparable la afectación alegada (urgencia como amenaza de irreparabilidad)[3]; asimismo si, pese a existir un proceso ordinario considerado como “vía igualmente satisfactoria”, (2) se evidencia que es necesaria una tutela urgentísima, atendiendo a la relevancia del derecho involucrado o la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño)[4]. 2.6 En el presente caso, la pretensión contenida en la demanda no ha superado el análisis de pertinencia de la vía constitucional, ya que lo pretendido puede ser resuelto idóneamente en otra vía, sin que exista una afectación de especial urgencia que le exima de ello. En efecto, el presente caso puede ser resuelto a través del proceso laboral, toda vez que conforme al artículo 2, numeral 2, de la Ley 29497, los Juzgados Especializados de Trabajo conocen en proceso abreviado laboral los casos en los que la pretensión de reposición se plantea como pretensión principal única. 2.7 En consecuencia, la demanda incurre en la causal de improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, por lo que debe ser desestimada. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. Publíquese y notifíquese. SS. MIRANDA CANALES SARDÓN DE TABOADA ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Vía procesal para demandar invalidez de contratos CAS

II Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral - julio 2014

La Ponderación entre Derechos Fundamentales, comentario - Juan Antonio C...

Quinto Pleno Casatorio Civil

Lo que debe saber sobre el Quinto Pleno Casatorio Civil

Fuente: La Ley

El Poder Judicial ha publicado el 5to. Pleno Casatorio Civil a fin de precisar la aplicación e interpretación del artículo 92 del Código Civil.

Dicho Pleno es ahora de ineludible cumplimiento en los casos de interposición de pretensiones de impugnación de acuerdos de asociación.

En el más reciente Pleno Casatorio Civil se ratifica que los miembros de una asociación solo podrán hacer uso de la pretensión de impugnación (prevista en el artículo 92 del Código Civil) para cuestionar los acuerdos adoptados por las asambleas de asociados. Por lo tanto, ya no podrán cuestionar dichos acuerdos mediante una demanda de nulidad de acto jurídico.

Dicha decisión, acordada al resolverse la Casación N° 3189-2012-Lima Norte, ha sido publicada en el diario oficial El Peruano el sábado 9 de agosto de 2014.

A partir de mañana tendrá fuerza obligatoria para los magistrados de todas las instancias a nivel nacional.

Estos son los seis puntos del mencionado Pleno que constituyen doctrina jurisprudencial vinculante:

1. Para cuestionar un acuerdo asociativo se debe aplicar irrestrictamente el artículo 92 del Código Civil La impugnación de todo acuerdo emitido por una asociación civil, persona jurídica no lucrativa, se fundamenta de manera obligatoria e insoslayable en base a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Civil, conforme a los métodos sistemático y teleológico que permiten observar adecuadamente el principio de especialidad de la norma.

2. Se tramita en la vía abreviada y ante un juez civil El procedimiento predeterminado por ley para la tramitación de la pretensión de impugnación de acuerdos de asociación civil, regulado en el artículo 92 del Código Civil de 1984 es en la vía abreviada y de competencia de un juez civil.

3. ¿Quiénes son los asociados legitimados para impugnar el acuerdo? Se encuentran legitimados para impugnar el acuerdo asociativo, tal como señala el artículo 92 del Código Civil, el asociado que asistió a la toma del acuerdo si dejó constancia de su oposición en el acta respectiva, los asociados no concurrentes, los asociados que fueron privados ilegítimamente de emitir su voto, así como el asociado expulsado por el acuerdo impugnado.

4. Asociados no podrán utilizar otras pretensiones, como la nulidad de acto jurídico Los legitimados antes precisados no pueden interponer indistintamente pretensiones que cuestionen los acuerdos asociativos, sustentados en el Libro II del Código Civil u otras normas, fuera del plazo previsto en el artículo 92 del cuitado cuerpo normativo, solo y únicamente pueden impugnar los acuerdos de la asociación civil en base al citado artículo 92 que regula la pretensión de impugnación de acuerdos de asociación.

5. 30 y 60 días de plazo de caducidad Toda pretensión impugnatoria de acuerdos de asociación civil debe realizarse dentro de los plazos de caducidad regulados en el artículo 92 del Código Civil esto es: a) Hasta 60 días a partir de la fecha del acuerdo. b) Hasta 30 días a partir de la fecha de inscripción del acuerdo.

6. Pueden adecuarse pedidos de nulidad de acto jurídico a la pretensión de impugnación El juez que califica una demanda de impugnación de acuerdos asociativos, fundamentados en el Libro II del Código Civil u otra norma que pretenda cuestionar la validez del acuerdo, puede adecuar esta, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, siempre y cuando, conforme al petitorio y fundamentos de hecho, se cumplan los requisitos previstos en el artículo 92 del Código Civil. Sin embargo, si los plazos previstos en la norma acotada se encuentran vencidos ello no podrá realizarse de ninguna manera, dado que se ha incurrido en manifiesta falta de interés para obrar de la parte demandante, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil, al interponerse la demanda fuera del plazo establecido en la normativa vigente, lo cual es insubsanable, correspondiendo la declaración de improcedencia de la demanda incoada.



Procede hábeas data ante una sola negativa de la parte demandada (STC 06227-2013-PHD/TC)

EXP. N.° 06227-2013-PHD/TC JUNÍN SAMUEL LUIS ORELLANA JULIÁN SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Urviola 1-lani, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Luis Orellana Julián contra la resolución de fojas 235, su fecha 8 de agosto de 2013. expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de La Merced que, revocando la apelada, declara improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Con fecha 14 de enero de 2013, el actor interpone demanda de habeas data contra don Jorge Alejandro Lazo Villanueva, en su calidad de notario público de Chanchamayo, a fin de que en ejercicio de acceso a la información pública se le proporcione copias certificadas de los documentos siguientes: > La Minuta N.° 684, sobre constitución de fianza solidaria respaldada con garantía hipotecaria que otorga doña Clara Julián Castro Vda. de Orellana. > El Primer Testimonio de la Escritura Pública de la Constitución de Fianza Solidaria respaldada con garantía hipotecaria suscrita por doña Clara Julián Castro Vda. de Orellana con el Banco de Crédito del Perú — Sucursal La Merced, de fecha 23 de marzo de 1998. SJ El documento nacional de identidad presentado por doña Clara Julián Castro Vda. de Orellana al suscribir tales documentos. Según el accionante, el notario se niega a brindar d argumentando que, de acuerdo con la Ley del Notariado, tiene d habérsele agraviado. El demandado, por su parte, solicita que la demand declarada improcedente al no habérsele requerido, previamente, dicha documenten. De lo contrario, solicita que la demanda sea declarada infundada debido a que o de tales costos tiene que necesariamente realizarse en su local, no a través de epó . o en sus cuentas bancarias como pretende el actor. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 06227-2013-PHD/TC JUNÍN SAMUEL LUIS ORELLANA JULIÁN El Juzgado Civil Transitorio de La Merced — Chancharnayo de la Corte Superior de Justicia de Junín declara infundada la demanda por considerar que ante la negativa inicial del emplazado, el actor debió reiterar dicho pedido. La Sala revisora revoca la recurrida y declara improcedente la demanda por estimar que dicho requerimiento previo es un requisito de procedibilidad. FUNDAMENTOS Cuestiones procesales previas L De acuerdo con el artículo 62.° del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no le haya contestado dentro del plazo establecido. 2. Contrariamente a lo señalado por el demandado y las instancias judiciales que conocieron el presente proceso, tal requisito ha sido cumplido por la accionante conforme se aprecia de autos (Cfr. Carta Notarial N.° 001-2012, obrante a fojas 2). Al respecto, conviene precisar que la disposición glosada en el párrafo anterior no puede ser interpretada en el sentido de que una eventual respuesta negativa tenga que necesariamente ser cuestionada a fin de que el demandado ratifique su posición. 3. Con relación a la Constitución, la jurisdicción constitucional no actúa ni puede actuar como un órgano neutro, sino, por el contrario, como su principal promotor (Cfr. STC N.° 000023-20005-PI/TC). Por tal razón, supeditar la procedencia de la demanda de hábeas data a que el demandado insista nuevamente en requerirla es una interpretación que, bajo ningún punto de vista, resulta constitucionalmente adecuada, en especial, cuando ha de interpretársela desde el sentido que le irradia la Constitución y la propia lógica de los procesos constitucionales. 4. Los "derechos fundamentales" y los "procesos para su protección se instituido como institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues ta , d rechos solo podrían "realizarse" en la medida en que cuenten con meo-- "rápidos", "adecuados" y "eficaces" para su protección. Así, a los d /- e II S fundamentales, además de su condición de derechos subjetivos del más alto y, al mismo tiempo, de valores materiales de nuestro ordenamiento jure' e , les es consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de t co los de manera expeditiva. Obviamente, derechos sin garantías no son e co. sa que meras afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.' 06227-2013-PHD/TC JUNÍN SAMUEL LUIS ORELLANA JULIÁN 5. Tal interpretación también obvia que la protección de los derechos fundamentales no solo es de interés para el titular de ese derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su transgresión supone una afectación también al propio ordenamiento constitucional. 6. En la medida que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública requiere de una serie de actuaciones por parte de quien la custodia resulta razonable exigir al justiciable el agotamiento de la vía previa a efectos de permitir al demandado satisfacer el pedido de acceso a la información pública, supeditando la procedencia del proceso de hábeas data al cumplimiento de tal requisito. En primer lugar, y corno resulta obvio, el custodio de la misma debe ubicarla; de ahí, analizar si conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la extensa jurisprudencia emitida por este Tribunal sobre el particular, existe alguna restricción que imposibilite su divulgación; luego, cuantificar a cuánto ascenderá la reproducción de tal información y comunicarlo al peticionante, y finalmente, entregarla a quien la solicitó. 7. En tales circunstancias, la imposición de una vía previa se hace necesaria y legítima. Empero, exigir al actor reiterar tal pedido no solo carece de asidero normativo sino que contradice lo señalado por este Colegiado. 8. Así las cosas, el único requisito previo a la interposición de la demanda lo constituye el requerimiento mediante documento de fecha cierta y la negativa por parte del emplazado a entregar la información solicitada (Cfr. STC N.° 00566-2010-PHD/TC). De ahí que la respuesta insatisfactoria o el silencio por parte del requerido habilitan la actuación del órgano judicial a efectos de restablecer el ejercicio del derecho conculcado (Cfr. STC 00670-2009-PHD/TC). Sobre el acceso a la información pública 9. El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2.° de establecen que "toda persona tiene derecho a solicitar si información que requiera y a recibirla de cualquier entid con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan 1 intimidad personal y las que expresamente se seguridad nacional"; y "que los servicios info o privados, no suministren informacion familiar", respectivamente. ección onsf e los ion, que de causa la , en el plazo legal, aciones que afectan la por ley o por razones de s, computarizados o no, públicos afecten la intimidad personal y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 06227-2013-PHD/TC JUNÍN SAMUEL LUIS ORELLANA JULIÁN 10. El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido en el inciso 5) del artículo 2.° de la Constitución de 1993, y es enunciado como la facultad de "C..) solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional". También está reconocido en el artículo 13.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77. Análisis del caso en concreto I I Conforme se desprende de autos, tampoco es cierto lo argumentado por el demandado en el sentido de que el actor se ha negado a cancelar las copias certificadas que solicita. Tal como se aprecia de la Carta Notarial a través de la cual respondió tal requerimiento de información (cfr. fojas 3), este se ha mostrado renuente a atender la solicitud del demandante. 12. Para este Colegiado, resulta evidente que, a nivel prejurisdiccional, el demandado se f ha negado de manera categórica a entregar la información requerida a pesar de que, como lo reconoce en la contestación de la demanda, lo solicitado son instrumentos públicos. En tal sentido, lo señalado por el demandado respecto a que "el accionante pretende copias certiicadas sin haber sufragado los honorarios y gastos correspondientes (...) cuyo pago debe realizarse en (su) Oficio Notarial, sin embargo el demandante en su solicitud de fecha 22 de noviembre de 2012 que deb(e) jacilt(ársele) el número de cuenta para hacer el depósito)" (sic) no condice con lo consignado en la mencionada carta notarial en la que expresamente ha denegado atender lo solicitado. 13. En consecuencia, corresponde estimar la presente demanda y condenar la demandada al pago de costas y costos, en virtud de lo establecido en el art o 56.° del Código Procesal Constitucional. 14. Sin perjuicio de lo expuesto, no puede obviarse que, como ha s supra. el emplazado ha actuado de manera impropia tanto a nivel tonal como al contestar la demanda. No solo ha vulnerado el derecho o a la información pública del actor al obligarlo a tener que litigar hasta ibunal Constitucional a fin de obtener justicia, sino que su defensa se ado en hechos falsos. Tal comportamiento no guarda armonía con la con ejemplar que un notario público debe tener. Publíquese y notifíquese. SS. URVIOLA HAN ETO CRUZ ÁLVAREZ MI • NDA Lo qu Pico: u 02 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP, N.° 06227-2013-PHD/TC JUNÍN SAMUEL LUIS ORELLANA JULIÁN 15. Por consiguiente, también corresponde condenar al demandado y al abogado que autoriza la contestación de la demanda al pago de una multa solidaria de 20 URP (unidades de referencia procesal), conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 53.° del Código Procesal Constitucional. 16. La justificación de este tipo de sanciones no es otra que la de desalentar que los litigantes comparezcan deslealmente ante el órgano jurisdiccional abusando de las garantías jurisdiccionales que salvaguardan la correcta impartición de justicia en un Estado social y democrático de derecho, en el que la efectividad del derecho al acceso a la justicia así como del resto de derechos fundamentales de carácter procesal exigen a los titulares del mismo el deber de abstenerse de cualquier proceder malicioso tendiente a conseguir, a toda costa, la satisfacción de sus intereses. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1 Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data de autos, al haberse acreditado la violación del derecho de acceso a la información pública, en consecuencia, ordena a la emplazada entregar las copias certificadas requeridas, previo pago de los derechos que correspondan. 2. Imponer, tanto al abogado que autoriza la contestación de la demanda como al notario público demandado, una multa solidaria de 20 URP por concepto de sanción por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio profesional. E umplimiento de este pago deberá ser supervisado en etapa de ejecución por el jt ompetente.

Análisis de STC que deja sin efecto STC Caso Salazar Yarlenque (SIN EFECTO CONTROL DIFUSO ADMINISTRATIVO)

ANÁLISIS STC SALAZAR YARLENQUE